En 2012, las empresas del Ibex
tenían allí 37 filiales. El grupo Villar
Mir acaba de abrir tres nuevas. Alberto
Cortina y su hijo Pelayo, el empresario Blas Herrero y un hermano del
fallecido Isidoro Álvarez, entre los españoles que han recalado recientemente
en ese territorio. El país está en la picota por los pactos secretos con 340
multinacionales para permitirles minimizar el pago de impuestos.
Todo este tipo de operaciones que
se realizan con el fin de evitar impuestos, son una muestra de la insolidaridad
nacional y el egoísmo particular de los que tienen la oportunidad de aumentar
su fortuna exponencialmente, con el aval de todos los ciudadanos de un país. No
queda claro si la culpabilidad se le puede imputar al país paraíso fiscal, o a
los que hacen uso de él. Se deberían de modificar entre otras la Ley de
Contratos del Estado para eliminar a todas estas empresas que evaden sus
obligaciones de la posibilidad de ofertar en nuestro país.
Es complicado y difícil seguir la
pista de todas estas prácticas por la cantidad de sociedades interpuestas que
utilizan para cometer estos hechos.
Luxemburgo, ese coladero fiscal
en pleno corazón de la UE, ha vuelto a la palestra tras las revelaciones del
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en una amplia
investigación ha desvelado la existencia de 548 acuerdos secretos entre las
autoridades luxemburguesas y al menos 340 grandes empresas para pagar menos
impuestos.
En esos pactos secretos, que han
colocado en una comprometida situación al nuevo presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker (era el primer ministro de ese país cuando se
firmaron) no ha participado ninguna empresa española, aunque, de por sí,
Luxemburgo es uno de los destinos predilectos para lo que el antiguo presidente
de la Organización de Inspectores de Hacienda José María Peláez denomina
"planificación fiscal internacional: Vas haciendo operaciones
sucesivamente y al final nada es ilegal, pero si lo ves en su conjunto y el
objetivo que persiguen... No se trata de pagar impuestos en dos países, sino de
no pagar en ninguno, forzando la legislación y buscando las ventajas de uno y
otro".
El diminuto país, que tiene
apenas 550.000 habitantes y disfruta de la renta per cápita más alta del mundo,
es un destino habitual para grandes empresas españolas que utilizan
subsidiarias domiciliadas allí ("Normalmente son despachos con un
representante, una secretaria y un teléfono, poco más", dice Peláez) para,
"por ejemplo, recibir dividendos, conceder préstamos o transmitir empresas
filiales sin que tributen las plusvalías, como ocurre en España por la venta de
esas acciones", explica este experto.
En el Ibex, el mayor índice
bursátil español, Luxemburgo es un destino recurrente. Según el último informe
sobre “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX35”, que el Observatorio de RSC presentó en mayo pasado, al
cierre de 2012 el 94% de las empresas del Ibex, 33 sobre un total de 35, tenían
filiales en territorios a los que consideraba "paraísos fiscales".
Luxemburgo (país al que incluía en esa categorización, por mucho que la Agencia
Tributaria no lo considere así), con 37 sociedades (frente a las 29 de 2010),
era el tercer destino más solicitado, sólo por detrás de Holanda y Delaware (EEUU).
El trasiego de empresas
nacionales que abren nuevas oficinas en el Gran Ducado es constante. De entre
las del Ibex, una de las últimas que lo ha hecho es el Grupo Villar Mir, el holding empresarial fundado y presidido por el
exministro Juan Miguel Villar Mir.
El pasado septiembre, creó dos nuevas filiales en Luxemburgo, GVM Debentures
Lux 2 y 3, que se suman a GVM Debentures Lux 1, creada en enero de 2013 y que
utiliza para emitir bonos (colocar deuda entre inversores) y para canalizar
parte de la participación de la holding en la filial de construcción, OHL, que cotiza en el Ibex.
Esta última también constituyó en
julio pasado OHL Investments 1407,
participada al 100% por su filial de Concesiones, que ya tiene otra filial en
ese país, OHL Investments, utilizada
para realizar emisiones de bonos como las que llevó el año pasado por importe
de 397 millones de euros.
Hay muchos más casos. Uno de los
más llamativos es el de Dakar Financial
Group, sociedad luxemburguesa creada en julio pasado y vinculada a cuatro
empresarios españoles con cierta raigambre: Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz (vástago de aquel y
de Alicia Koplowitz), César Álvarez (hermano del fallecido Isidoro Álvarez y
tío del nuevo presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno) y el empresario
asturiano Blas Herrero (dueño de Kiss FM).
Todos ellos (salvo Alberto
Cortina, que sólo es accionista) son desde septiembre administradores de esa
sociedad junto con, entre otros socios, dos empresarios venezolanos, Alejandro
Betancourt y Francisco D’Agostino (cuñado del aristócrata Luis Alfonso de
Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco), recientemente absueltos por un
juez de Nueva York de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex
alto diplomático estadounidense contra ellos.
La sociedad fue constituida en
mayo pasado por una sociedad portuguesa que comparte su dirección en Lisboa con
la de la firma de inversiones 3anglecapital, que se dedica, según su web, a
"facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y
estrategias industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación
del Golfo), América Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos".
Dakar comenzó con un capital
inicial de 50.000 euros que en julio aumentó hasta los 20 millones de euros
mediante una ampliación de capital que suscribieron trece socios, algunos de
ellos domiciliados en parajes tan exóticos (y opacos desde el punto fiscal)
como Singapur. De esa cifra, la mayor parte (5,98 millones) la aportó
Cinainvest Holding, una sociedad domiciliada en Suiza y vinculada a Alberto
Cortina (con ella vehicula parte de su participación en la constructora de Florentino Pérez, ACS), que hasta mayo
de 2012 tuvo como administrador al banquero Arturo Fasana, imputado por ocultar
en una cuenta opaca el dinero del extesorero del PP Francisco Correa y otros
defraudadores españoles.
¿A qué responden estas
operaciones? Difícil saberlo, aunque, como dice el expresidente de la
Organización de Inspectores de Hacienda, "no es mero capricho; la
pregunta, efectivamente, es esa, para qué; unas veces es la preparación para
una operación a corto plazo y se ve enseguida, pero otras no". Peláez cita
el ejemplo de "alguien con mucho patrimonio en España que crea una
sociedad en Luxemburgo y aporta unas acciones prácticamente a lo que le
costaron; si las vende con una plusvalía impresionante, en lugar de pagar un
30%, como aquí, no se pagan impuestos", resume.
El de Dakar Financial Group es
sólo uno de los últimos casos de empresarios españoles que ’apuestan’ por
Luxemburgo, aunque a veces este país es sólo un destino de paso. Por ejemplo,
la familia Valls Biosca, propietaria del grupo textil Punto Blanco, utilizó en
diciembre pasado ese territorio como plataforma para repatriar una sociedad
radicada hasta entonces en Panamá, Inversiones Sigma, S.A., cuyas acciones
finalmente transfirieron a Fisin SL, radicada en Igualada (Barcelona).
Algo parecido hicieron los Castañer,
dueños del fabricante de alpargatas del mismo nombre, que por esas mismas
fechas, diciembre de 2013, aprobaron el traslado a una nave en el polígono
industrial La Farga, en Banyoles (Girona), de la sociedad luxemburguesa con la
que controlaban el 20% de su principal empresa, que había sido constituida en
2006 y cuyos accionistas eran dos sociedades panameñas.
Lo curioso de este caso es que,
en la documentación disponible en los registros luxemburgueses, la firma
(Digamma International Société Anonyme) reconocía que se había acogido a la
declaración tributaria especial que estableció la Disposición Adicional Primera
del Real Decreto 12/2012. En otras palabras: a la amnistía fiscal por la que el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitió hace dos años la
regularización de dinero no declarado en España o el extranjero a cambio de
pagar apenas un 10% de impuestos, calificada de "enorme error" por
los inspectores de Hacienda.
Fuente de base: El
Confidencial
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